¿Qué pasó con los cuatro de Las Malvinas?

Tres adolescentes y un niño del barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, salieron de casa la noche del 8 de diciembre de 2024 y nunca regresaron. Sus cuerpos calcinados aparecieron dos semanas después en una zona rural del cantón Naranjal, provincia del Guayas. La Fiscalía acusa a 16 miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) por desaparición forzada con resultado de muerte.

Desde entonces, el caso ha abierto un debate sobre el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, el abuso de poder y las garantías que deben protegerse incluso en contextos de emergencia o combate al crimen.

Detención y desaparición

Según el expediente fiscal, la noche del 8 de diciembre los adolescentes fueron interceptados por un convoy militar en Durán, mientras se movilizaban en un vehículo. A pesar de no portar armas ni haber cometido un delito en flagrancia, fueron detenidos por personal uniformado y subidos a camionetas militares.

A partir de ese momento, se perdió su rastro. Los cuerpos fueron hallados el 24 de diciembre, calcinados e irreconocibles. La identificación se logró semanas después mediante pruebas genéticas.

Golpes y amenazas: lo que revelaron los militares

Entre el 27 y el 28 de abril de 2025, se realizó una segunda reconstrucción de los hechos. En esta diligencia participaron cuatro de los 16 militares procesados, quienes ahora colaboran con la Fiscalía.

Durante ocho horas, los uniformados señalaron tres puntos clave:

1. Durán
2. El peaje de la vía Durán–Tambo
3. Un sector rural de la parroquia Taura (Naranjal, Guayas)

En el peaje de la vía Durán-Tambo, dos adolescentes fueron bajados de una camioneta militar, obligados a arrodillarse y golpeados en la cabeza. Uno habría sufrido una fractura. En Taura, los militares admitieron haberlos agredido con una correa y una vara, obligándolos a desnudarse. Uno fue pateado por resistirse.

Uno de los soldados reconoció haber disparado al suelo, muy cerca de Steven, de apenas 11 años. Aunque la Policía utilizó un detector de metales, no logró ubicar la bala. En el lugar también se halló una prenda de vestir quemada, que fue levantada como evidencia y será presentada a los familiares para su posible identificación.

¿Tortura y encubrimiento?

Los nuevos testimonios podrían configurar el delito de tortura, lo que agravaría el caso. La desaparición forzada, cuando deriva en muerte y se comete contra menores, puede ser sancionada con hasta 26 años de prisión, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) ha alertado sobre presuntas irregularidades en la cadena de custodia y posibles intentos de encubrimiento. La ropa hallada en el lugar donde se encontraron los cuerpos aún no ha sido periciada.

¿Qué sigue en el proceso?

La fase de instrucción fiscal culmina el 30 de abril de 2025. La Fiscalía deberá decidir si formula cargos adicionales o ratifica la acusación existente. Luego, un juez penal determinará si el caso avanza a la etapa de juicio.

Los cuatro militares que cooperan con la investigación podrían acogerse al mecanismo de colaboración eficaz, que permite la reducción de penas a cambio de información clave que permita esclarecer los hechos y condenar a los principales responsables.

Los familiares de las víctimas siguen exigiendo justicia. En declaraciones públicas, han denunciado el trato cruel recibido por los chicos y han pedido que el caso no quede impune. El CDH considera este crimen como emblemático de la violencia estatal y ha pedido garantías para que este proceso avance sin interferencias.