Acceso a la información en Ecuador: datos y el rol del periodismo

El debate sobre el acceso a la información pública en Ecuador se reavivó tras la difusión de un documento interno del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cuyo objetivo era “gestionar de manera estratégica la participación de medios no afines”.

El texto establece criterios para acreditar y seleccionar a medios y periodistas, así como para prevenir la participación de comunicadores cuya actuación reiterada sea considerada perjudicial para la institución. Entre los aspectos evaluados constan la línea editorial, las posturas frente a las Fuerzas Armadas y el impacto en su imagen, con una clasificación de medios y periodistas como afines, neutrales o críticos.

La matriz califica a los periodistas como “aptos”, “aptos condicionados” o “no aptos”, y recomienda evitar la acreditación de quienes sean considerados perjudiciales para la imagen institucional. Tras la publicación del documento por Ecuavisa, las Fuerzas Armadas señalaron que se trataba de un mecanismo organizativo y no de una limitación al trabajo periodístico.

El episodio puso sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué tan garantizado está el acceso a la información en Ecuador, más allá de lo que dice la ley?

Libertad de prensa y acceso a la información: el contexto del país

Ecuador ocupa el puesto 94 de 180 países en la Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras (RSF), lo que, según su metodología, ubica al país en una situación difícil. La evaluación se basa en cinco indicadores: contexto político, económico, legal, sociocultural y de seguridad. RSF advierte un entorno marcado por autocensura, amenazas e inseguridad asociadas al crimen organizado

En el monitoreo de la organización Periodistas Sin Cadenas , se registraron censuras (cuando se impide o limita la difusión) y bloqueos informativos (cuando se niega información solicitada):

• 2023: 6 censuras y 13 bloqueos
• 2024: 15 censuras y 10 bloqueos
• 2025: 11 censuras y 4 bloqueos
• 2026: 2 censuras y 3 bloqueos

Fundamedios registró 103 afectaciones al acceso a la información entre 2022 y 2026. A nivel regional, RSF alerta que la concentración de medios, la precariedad laboral y la crisis económica debilitan la independencia editorial, facilitando la desinformación cuando el periodismo pierde capacidad de fiscalización.

Transparencia en cifras: avances y límites

Según el último informe de la Defensoría del Pueblo , en transparencia pasiva —cuando la ciudadanía solicita información a través del Portal Nacional de Transparencia— se gestionaron 36.469 solicitudes de acceso a la información. De ellas, el 66,35 % fueron respondidas y el 33,65 % (12.272) no recibieron respuesta.

La Defensoría también señaló dos observaciones. La primera, sobre la calidad de la información entregada, especialmente por los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La segunda, sobre la falta de criterios claros y metodologías unificadas para declarar información como reservada, lo que ha derivado en decisiones poco fundamentadas. En algunos casos, advirtió, la reserva se ha utilizado de forma estratégica para evitar el escrutinio público.

En 2024 se registraron 1.801 temas clasificados como reservados, principalmente en la Función Ejecutiva. Las entidades con mayor número de reservas fueron CNT EP (37,76 %), el Ministerio de Defensa (17,60 %) y el Consejo de la Judicatura (9,49 %). El organismo concluyó que en varios casos no existe motivación suficiente para justificar estas decisiones.

Lo que dice la Constitución y la ley

La Constitución, en el artículo 18, reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información sin censura previa sobre asuntos de interés general, y garantiza el acceso a la información pública, salvo excepciones legales.

El artículo 66 también protege el derecho a opinar y expresar el pensamiento libremente.

La LOTAIP parte de un principio central: la información pública pertenece a la ciudadanía y el Estado es su administrador. La publicidad es la regla y la reserva, la excepción.

Tensiones recientes entre el oficialismo y la prensa

El 21 de enero de 2025 , la secretaria de Administración Pública, Cynthia Gellibert, dijo en un pódcast que “Soy enemiga de los medios. No me gusta ningún medio de comunicación, primero porque les quiero evitar el mal momento, el mal rato. Los medios te invitan para que te preguntan cosas y quieren que les respondas lo que ellos quieren. Y como yo no les voy a responder nunca lo que ellos quieren, sino que lo que quiere la ciudadanía saber, entonces para qué les voy a hacer pasar ese mal momento”.

El 15 de enero de 2026, la asambleísta de ADN Camila León presentó un proyecto de reforma al COIP para modificar el artículo 396, que sanciona como contravención expresiones que desacrediten o deshonren a una persona. En declaraciones públicas del 23 de enero de 2026 afirmó que se reunió con gremios de periodistas, pero Lupa Media consultó a 40 organizaciones y todas descartaron haber mantenido reuniones con la legisladora.