Explicativos

El paro nacional que comenzó el 22 de septiembre de 2025 cumplió 15 días con bloqueos en carreteras, enfrentamientos en varias provincias, un fallecido, más de 100 detenidos y pérdidas económicas que superan los USD 42 millones, según gremios productivos. La protesta fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) para rechazar la eliminación del subsidio al diésel, parte de la política de ajuste fiscal del Gobierno. Con el paso de los días, se sumaron otros reclamos y organizaciones sociales, mientras el diálogo entre las partes sigue suspendido.

El agua, fuente de vida y motor de nuestras sociedades, se está convirtiendo en un recurso cada vez más escaso. Hoy ya es una emergencia que define la estabilidad económica, social y ambiental del planeta. En Ecuador lo sabemos bien: las sequías, la degradación de los páramos y las fallas en la infraestructura urbana han dejado sin servicio a miles de hogares y han puesto en evidencia nuestra vulnerabilidad.

Durante el paro nacional de septiembre de 2025, legisladores oficialistas acusaron a la Prefectura de Pichincha de usar su maquinaria para bloquear vías en Quito. La denuncia fue amplificada en redes por portales digitales cercanos al oficialismo, que la vincularon a un supuesto “informe de inteligencia” nunca mostrado públicamente. Lupa Media revisó las acusaciones, la evidencia compartida, los registros oficiales y la investigación abierta por la Contraloría. Esto es lo que sabemos hasta ahora.

En Ecuador, más de un millón de personas reciben algún tipo de transferencia económica estatal, desde el histórico Bono de Desarrollo Humano hasta nuevas ayudas como Raíces o Jóvenes en Acción. La multiplicación de bonos en 2025 —actualmente el Gobierno ofrece programas que suman más de USD 750 millones— también ha traído un riesgo: las estafas. Personas inescrupulosas se aprovechan de la confusión y han engañado a beneficiarios con cobros o trámites falsos.

En el marco del Día Internacional de la No Violencia (2 de octubre), Lupa Media presenta un análisis sobre el impacto que esta problemática tiene no solo en la vida de las mujeres, sino también en la economía del país. Un estudio estima que el impacto económico alcanza el 4,28% del PIB ecuatoriano, debido a los gastos en salud, justicia, programas de atención y la pérdida de productividad laboral.

Desde el año 1977 el gobierno federal de los Estados Unidos ha experimentado 20 cierres del gobierno (government shutdowns) que han durado más de un día, y como el Congreso no aprobó una ley de financiamiento a corto plazo (conocida como Continuing Resolution o CR) antes de la medianoche del 30 de septiembre de 2025, el gobierno entró en otro shutdown. Junto con nuestros amigos de Factchequeado, te contamos de qué se trata el cierre del gobierno y cuáles son las consecuencias.

La Corte Constitucional declaró inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, propuestas por el presidente Daniel Noboa y aprobadas por la Asamblea Nacional con carácter de urgencia económica. El fallo, notificado el 26 de septiembre, tiene efectos distintos en cada norma y deja sin sustento medidas en materia de seguridad, tributación, contratación pública y derechos laborales.

Cada vez más plataformas —como LinkedIn, Meta (Instagram y Facebook) y X (antes Twitter)— han activado por defecto el uso de la información de sus usuarios para entrenar sus modelos de inteligencia artificial generativa. Aunque dicen que no acceden a los mensajes privados, sí utilizan datos de los perfiles y publicaciones públicas, lo que supone riesgos para tu privacidad. La buena noticia: puedes oponerte en todas ellas siguiendo unos pasos sencillos.

Desde el 22 de septiembre de 2025, Ecuador enfrenta un paro nacional convocado por la CONAIE. La principal causa de la movilización es la eliminación del subsidio al diésel, que incrementó su precio de USD 1,80 a USD 2,80 por galón. El movimiento indígena también exige frenar la expansión petrolera y minera en territorios ancestrales, reducir el IVA y aumentar la inversión en salud, educación y seguridad.