No hay evidencia de que los 5.000 despedidos tuvieran sueldos altos, como dijo Carlos Vera

¿Qué verificamos?

Una publicación en X del periodista, Carlos Vera, en la que afirma que los 5.000 funcionarios desvinculados por el Gobierno tenían sueldos altos en Ministerios y Empresas Públicas.

¿Por qué es mayormente falso?

Lupa Media no encontró evidencia que confirme que los 5.000 funcionarios desvinculados tuvieran sueldos altos o pertenecieran exclusivamente al escalafón jerárquico superior. La vocera presidencial no detalló los rangos salariales ni los cargos afectados, y existen registros de despidos que incluyen a empleados con sueldos correspondientes a niveles jerárquicos medios o bajos.

¿Qué dice la evidencia?

• Revisión de remuneraciones. De acuerdo con la normativa ecuatoriana, el servicio público se organiza en un escalafón de 22 grados salariales, que van desde los USD 527 mensuales para el nivel más bajo, correspondiente al Servidor Público de Servicios 1. Esta escala es aprobada por el Ministerio del Trabajo. Aunque el salario de los funcionarios públicos se rige por una tabla oficial, los montos pueden variar ligeramente entre instituciones, dependiendo del cargo específico y la clasificación ocupacional de cada funcionario.
• Según el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-039, las remuneraciones para el nivel jerárquico superior pueden ir desde USD 2.115 hasta USD 5.072.

• Evidencia documental y testimonios: pese a la falta de detalles oficiales, se identificaron casos de funcionarios con sueldos que no pertenecen al nivel jerárquico superior que fueron despedidos:
  • Ecuavisa reportó que la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana EP (Flopec) notificó la desvinculación de varios empleados, entre ellos: asistentes técnicos, analistas, asistentes, especialistas e incluso jefes de gestión. Muchos de los cargos de asistentes y analistas (no todos) corresponden a los grados: nivel, servidores públicos o de apoyo.
  • Primicias reportó el caso de un funcionario de un centro de atención del IESS con contrato ocasional, quien fue desvinculado pese a obtener 90/100 en su evaluación. Además, el trabajador es paciente renal con una enfermedad catastrófica.
• Criterios de desvinculación según Presidencia: De acuerdo con la Presidencia, cada entidad del Estado elaboró informes específicos para identificar a funcionarios que no cumplían sus funciones. Se argumentó que los despidos respondieron a la necesidad de remover a personas que “obstruyen el trabajo eficiente” dentro de las carteras del Estado.
• Declaraciones oficiales: Durante la rueda de prensa del 24 de julio de 2025, la vocera presidencial, Carolina Jaramillo, aclaró que los despidos se concentraron en el poder Ejecutivo, personal administrativo y parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Sin embargo, no especificó los rangos ni cargos exactos de los funcionarios afectados.
• Exclusiones mencionadas: La vocera también señaló que del recorte de partidas no se incluyó a médicos, enfermeros, policías, militares, docentes ni a personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, no detalló cargos específicos ni funciones concretas.

• Contacto institucional sin respuesta: Lupa Media consultó a diversas fuentes de la Presidencia para conocer si los funcionarios desvinculados correspondían únicamente a cargos del jerárquico superior o si también incluían servidores públicos con ingresos menores Hasta la fecha de esta publicación, no se ha recibido respuesta oficial.

Contexto importante

La tarde del 24 de julio de 2025, la Presidencia de la República anunció la implementación del Plan de Eficiencia Administrativa, una estrategia orientada —según el Gobierno— a optimizar el aparato estatal y reducir el gasto público. Entre las medidas adoptadas se incluyó la fusión de instituciones y la desvinculación de aproximadamente 5.000 funcionarios públicos.

El Decreto Ejecutivo 60 formaliza parte de esta reestructuración y establece la reducción del número de ministerios de 20 a 14, así como la disminución de 9 secretarías a 3.

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Unión Nacional de Educadores (UNE) rechazaron la desvinculación de 5.000 funcionarios públicos, argumentando que se trata de una decisión política sin sustento técnico. Cuestionaron que el Gobierno no haya explicado los criterios utilizados ni si se realizaron evaluaciones previas al despido. Además, anunciaron que fortalecerán movilizaciones a nivel provincial desde el 25 de julio. Para luego evaluar la convocatoria a un paro general de trabajadores durante su convención prevista para el 16 de agosto.

Conclusión

MAYORMENTE FALSO: No hay evidencia que los 5.000 funcionarios despedidos tuvieran únicamente «sueldos altos», como aseguró el periodista Carlos Vera. La falta de transparencia oficial y casos registrados por la prensa contradicen esa afirmación. La desvinculación fue más amplia y afectó también a empleados con sueldos jerárquicos no superiores, por lo cual es incorrecto afirmar que esta decisión afectó solo a funcionarios con remuneraciones elevadas.