Las cartas jugadas por la Asamblea Nacional 2023-2025

Leyes aprobadas 

Durante este periodo, la Asamblea Nacional aprobó 60 leyes en segundo debate, de las cuales 31 se han publicado en el Registro Oficial. Otras 18 fueron vetadas totalmente por el presidente Daniel Noboa y 11 aún están en trámite.

El trabajo legislativo se dividió casi en partes iguales entre las presidencias de Henry Kronfle (Partido Social Cristiano), que lideró durante 11 meses, y Viviana Veloz (Revolución Ciudadana), quien presidió los últimos siete meses.

Las 31 leyes que están en vigencia se enfocan principalmente en salud, economía, trabajo, educación, seguridad y energía—con entre cinco y seis proyectos en cada área—. En contraste, temas como derechos humanos, seguridad, educación y otros fue menor con menos de cuatro leyes aprobadas por temática.

Una relación tensa con el Ejecutivo

El vínculo entre la Asamblea y el Ejecutivo fue complejo. El Legislativo aprobó 15 de los 19 proyectos de ley enviados por el presidente Noboa; los tres restantes están en trámite y uno fue archivado. Sin embargo, Noboa vetó completamente 18 de los 60 proyectos legislativos aprobados por la Asamblea.

La tensión entre ambas funciones del Estado se intensificó a finales de mayo de 2024, cuando el presidente rechazó la reforma al Código de la Función Judicial, al considerar que un artículo buscaba beneficiar a los vocales del Consejo de la Judicatura en caso de ser investigados por corrupción. Como respuesta, la Asamblea aprobó una ley para ratificar los textos que habían sido vetados parcialmente.

Juicios políticos (salvados y condenados)

Los juicios políticos se convirtieron en un escenario clave para la disputa de poder entre el oficialismo y la oposición. En un período de 18 meses, la Asamblea Nacional retomó procesos represados e impulsó nuevas fiscalizaciones. El correísmo promovió varios de estos juicios, entre ellos el que resultó en la censura y destitución de Juan Esteban Guarderas, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). También impulsó procesos contra Diana Salazar, fiscal general del Estado; Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores; Mónica Palencia, exministra del Interior; y Johanna Verdezoto, consejera del CPCCS. Sin embargo, estos últimos fueron archivados por falta de votos.

Otros funcionarios públicos que evitaron la censura y destitución gracias a la abstención de la bancada de la Revolución Ciudadana fueron Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, y Ruth Barreno, vocal del mismo organismo. Sin embargo, el caso no terminó ahí: ambos fueron posteriormente sentenciados a nueve años y cuatro meses de prisión en el marco del caso Independencia Judicial. Fueron hallados culpables del delito de obstrucción a la justicia por haber suspendido y destituido al entonces juez de la Corte Nacional de Justicia, Walter Macías, quien iba a conocer el caso Vocales que involucra a Barreno por tráfico de influencias.

Otros procesos que concluyeron con una sanción son censurados y destituidos; Fausto Murillo y Juan José Morillo del Consejo de la Judicatura. Otros seis fueron únicamente censurados: Fernando Santos, exministro de Energía; Juan Zapata, exministro del Interior; Xavier Muñoz, vocal del Consejo de la Judicatura; Andrea Arrobo, exministra de Energía;  Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social; y Margarita Hernández ex superintendenta de Economía Popular y Solidaria, algunos de estos procesos fueron impulsados por el PSC, Construye, el movimiento oficialista ADN.

Camisetazos

El movimiento oficialista ADN fue el principal beneficiario de la salida de asambleístas de otras bancadas. A sus filas se integraron Xavier Jurado, Ferdinand Álvarez y Mónica Salazar, provenientes de la Revolución Ciudadana; Lucía Jaramillo, del Partido Social Cristiano; y Nataly Morillo, Jorge Chamba y Francisco Cevallos, del movimiento Construye. A ellos se sumaron además siete legisladores de otros partidos o independientes. Construye fue la organización que más deserciones registró.