Caso Granasa: investigación, acciones en disputa e intervención estatal

Una portada en blanco

El domingo 12 de abril de 2026, Diario Expreso publicó una portada en blanco con el mensaje: “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada…”, en medio de un proceso de control e intervención de la Superintendencia de Compañías sobre Granasa.

El origen: denuncias y auditorías del SRI

El caso se remonta a septiembre de 2025, cuando surgieron denuncias sobre un esquema en el que vendedores de periódicos —canillitas— habrían sido utilizados como intermediarios en operaciones económicas.

Tras estos señalamientos, el Servicio de Rentas Internas (SRI) inició auditorías a contribuyentes vinculados a la comercialización de periódicos, al detectar supuestas inconsistencias en sus declaraciones tributarias.

Según el secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, entre 2023 y 2024 se registraron compras por más de USD 5 millones, mientras que en las declaraciones se reportaban valores menores.

En paralelo, la Fiscalía y la Policía ejecutaron la “Operación Fénix 294 – Canillita”, en la que 11 personas fueron vinculadas a una investigación por presunta defraudación tributaria.

La respuesta de Granasa

Granasa rechazó los señalamientos y afirmó que no fue notificada formalmente por el SRI al momento en que se difundieron las denuncias. La empresa cuestionó los informes utilizados, señalando posibles errores en los cálculos.

Además, contrató a la firma internacional Ernst & Young para realizar un informe pericial sobre su contabilidad. El análisis concluyó que no encontró evidencia de defraudación tributaria ni lavado de activos.

La disputa por el 40 % de las acciones

Según la empresa, estas acciones pertenecían a la compañía Veranera y fueron transferidas en 2020 a Ingrid Martínez Leisker. Sin embargo, la Superintendencia de Compañías cuestiona la validez de esa operación por falta de trazabilidad.

El organismo planteó revertir la transferencia para que las acciones regresen a Veranera, actualmente en liquidación.

El 13 de abril de 2026, un juez notificó a la Fiscalía sobre un posible incumplimiento de una orden judicial por parte de Granasa, tras un pedido del liquidador de Veranera.

La defensa de Granasa y de la accionista sostiene que la transferencia fue legal y que la Superintendencia no tiene competencia para revertir una operación ya concluida, sino únicamente para ordenar actualizaciones en los registros.

Escalada del conflicto: pedidos de información

En diciembre de 2025, el presidente ejecutivo de Granasa, Galo Martínez Leisker, afirmó que el Gobierno buscaba influir en la empresa a través de la Superintendencia de Compañías.

La entidad respondió que sus actuaciones se basan en criterios técnicos y legales.

La intervención de la Superintendencia

El 18 de febrero de 2026, la Superintendencia de Compañías inició de una intervención para supervisar la situación financiera y administrativa.

La intervención implicó la designación de una delegada con facultades para revisar el funcionamiento económico, administrativo y societario de la empresa.

El rol del Estado y la participación accionaria

El Estado mantiene una participación del 2,56% en Granasa a través de la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar).

• Estas acciones forman parte de los bienes incautados a los hermanos Isaías en 2008.
• En noviembre de 2024, ese porcentaje fue adquirido por Carlos Martínez Bruno, actual director de Diario Expreso.
• Sin embargo, en diciembre de 2024, la Corte Constitucional anuló la devolución de esos bienes, lo que revirtió su titularidad al Estado.
• Posteriormente, el 3 de diciembre de 2025, Inmobiliar pasó a figurar como titular de esas acciones.
• En enero de 2026, su control fue ratificado por orden judicial.

El 13 de febrero de 2026, mediante decreto ejecutivo 306, se dispuso que Inmobiliar pase a formar parte de la Presidencia de la República, quedando bajo la estructura de la Función Ejecutiva.

Posteriormente, en marzo de 2026, se concretó el traspaso de esa participación accionaria, por lo que la Presidencia de la República pasó a figurar directamente como accionista de la empresa con un valor de USD 64 mil dólares.

Granasa, por su parte, sostiene que ese porcentaje se encuentra en disputa dentro de un proceso legal.

Sobre la libertad de prensa

La Fundación Periodistas Sin Cadenas, Fundamedios y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han expresado preocupación por la intervención a Granasa. Estas organizaciones advierten que las medidas estatales pueden afectar la independencia editorial y la pluralidad informativa, y señalan un posible patrón de presiones sobre medios críticos.

La intervención de la empresa sigue vigente, mientras continúan los procesos administrativos y judiciales.