Aquiles Álvarez y el Caso Goleada: qué investiga la Fiscalía y por qué se ordenó prisión preventiva

Por qué fue detenido

La detención ocurrió dentro de la investigación penal conocida como Caso Goleada. La Fiscalía procesa a 11 personas por presunta delincuencia organizada.

Según la hipótesis fiscal, Álvarez y sus hermanos Antonio y Xavier habrían estructurado un esquema empresarial para desviar combustible del segmento naviero y revender diésel subsidiado a precios del mercado internacional. La Fiscalía estima un perjuicio económico al Estado de aproximadamente USD 100 millones.

La investigación menciona, entre otros indicios:

• actuaciones por medio de empresas domiciliadas en Panamá.
• eliminación de archivos.
• irregularidades en guías de remisión y comercialización de combustible,
• pagos a un funcionario de aduana,
• adquisición de bienes.

Durante allanamientos a 11 inmuebles, las autoridades incautaron aproximadamente USD 160 mil, dispositivos electrónicos y documentos. La formulación de cargos abrió formalmente la instrucción fiscal.

Por qué se dictó prisión preventiva

En la audiencia del 11 de febrero de 2026, la Fiscalía solicitó prisión preventiva por la gravedad del delito y riesgos procesales, como posible fuga o interferencia en la investigación, con base en 20 elementos de convicción.

El juez anticorrupción aceptó el pedido. La prisión preventiva implica que los procesados permanezcan detenidos mientras dura la instrucción fiscal. La medida se aplicó a Álvarez, sus dos hermanos y otras personas procesadas; para otros se dispusieron presentaciones periódicas o arresto domiciliario. Las cuentas bancarias de los procesados fueron inmovilizadas.

Álvarez fue trasladado al centro penitenciario de Latacunga; otros procesados fueron enviados a la cárcel de Turi, en Cuenca.

La prisión preventiva es una medida cautelar, no una sentencia. Álvarez está procesado, no condenado.

Relación con el Caso Triple A

Álvarez ya enfrenta otra investigación por presuntas irregularidades en la comercialización de combustibles (Caso Triple A), en la que un juez ordenó el uso de un grillete electrónico. Ese proceso continúa en etapa de audiencia de juicio y no tiene sentencia.

El Caso Goleada aborda hechos similares, pero bajo la figura de delincuencia organizada, que requiere probar la existencia de una estructura coordinada y permanente para cometer delitos..

Qué sostiene la defensa

La defensa presentó una apelación contra la prisión preventiva. Los abogados argumentan que la medida vulnera estándares de derechos humanos y que no existían indicios de riesgo de fuga. También sostienen que podría tratarse de una doble persecución por los mismos hechos, en referencia al Caso Triple A.

Un tribunal deberá resolver la apelación y decidir si mantiene la prisión preventiva o la reemplaza por medidas alternativas, como presentaciones periódicas o prohibición de salida del país.

Qué pasa con la Alcaldía de Guayaquil

Álvarez había solicitado licencia sin sueldo antes de su detención. Según la normativa, en caso de ausencia temporal por fuerza mayor, la vicealcaldesa asume la Alcaldía de forma temporal. En este caso, Tatiana Coronel subroga el cargo.

La prisión preventiva no implica destitución automática. La remoción del cargo requiere una sentencia condenatoria ejecutoriada o un proceso administrativo específico conforme el Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad).

Qué sigue en el proceso penal

La instrucción fiscal continúa mientras la Fiscalía recopila evidencias. El juez decidirá si llama a juicio a los procesados. Solo en un juicio se puede establecer responsabilidad penal.

Si se determina culpabilidad, la pena por delincuencia organizada puede oscilar entre 10 y 30 años de prisión, dependiendo del grado de participación y de los delitos asociados.

Un tema que generó conversación digital

La detención de Aquiles Álvarez y la decisión judicial de dictar prisión preventiva trascendieron rápidamente en la conversación digital nacional. El Caso Goleada no solo activó el debate sobre la responsabilidad penal del alcalde de Guayaquil, sino también sobre la dimensión política del proceso.

Un análisis de escucha social muestra que, entre el 9 y el 12 de febrero de 2026, el tema generó alrededor de cinco millones de interacciones en redes sociales, con un audiencia estimada de 125 millones de usuarios. La conversación se intensificó tras la confirmación de la prisión preventiva y el traslado del alcalde a un centro de privación de libertad. Un 56% de las publicaciones registraron un sentimiento negativo.

Los resultados evidencian que la difusión estuvo impulsada principalmente por publicaciones de medios de comunicación, periodistas, actores políticos locales y nacionales, así como cuentas partidarias. En ese rango de tiempo, hubo cerca de 56 mil publicaciones al respecto. Este patrón aceleró la circulación de información y posicionó el caso en la agenda pública en cuestión de horas.

La conversación digital se caracterizó por una marcada polarización. Mientras algunos usuarios respaldaron la actuación de la Fiscalía y defendieron la prisión preventiva como una medida necesaria frente a la presunta delincuencia organizada, otros cuestionaron la proporcionalidad de la medida y plantearon que el proceso tendría motivaciones políticas.