Regularización de personas migrantes en España: los datos verificados y la desinformación que circula

Qué aprobó el Gobierno español

El Consejo de Ministros de España autorizó, el 27 de enero de 2026, la tramitación urgente de un real decreto impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para implementar una regularización extraordinaria de extranjeros.

El Ejecutivo español argumenta que la medida responde a una urgencia social, a un amplio consenso político, económico y social, y a la necesidad de dar seguridad jurídica a una realidad existente, tras la paralización en el Congreso de una iniciativa legislativa popular respaldada por más de 700.000 firmas.

A diferencia de otras normas, este real decreto no requiere convalidación parlamentaria, lo que acelera su implementación.

Qué es una regularización extraordinaria

Una regularización extraordinaria es un mecanismo administrativo que permite conceder permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que ya viven en el país, pero que se encuentran fuera de los canales ordinarios de regularización.

No equivale a una política de fronteras abiertas ni implica incentivar nuevas llegadas: se centra en personas que ya residen en el territorio.

España ha aplicado regularizaciones similares en el pasado, bajo distintos gobiernos. La última gran regularización, en 2005, aprobó más de medio millón de solicitudes.

A quién está dirigida la medida

La regularización se enfoca en dos grupos principales:

1. Solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes del 31 de diciembre de 2025
2. Personas extranjeras en situación irregular que acrediten haber vivido en España al menos cinco meses antes de finalizar 2025

La permanencia podrá justificarse mediante documentos públicos o privados, como:

• Empadronamiento
• Registros médicos
• Contratos de alquiler
• Facturas, certificados u otros comprobantes de presencia en el país

Requisitos para acceder

Entre los requisitos centrales constan:

• No tener antecedentes penales
• No representar una amenaza para el orden público o la seguridad
• Acreditar permanencia continuada en España dentro del período exigido
• Presentar la documentación requerida dentro del plazo oficial

La normativa excluye explícitamente a personas con antecedentes penales.

Qué derechos otorga la regularización

Si la solicitud es aprobada, se concede una autorización provisional de residencia con permiso de trabajo automático en todo el territorio español y en cualquier sector.

Esta autorización permite:

• Trabajar legalmente
• Cotizar al sistema de seguridad social
• Pagar impuestos
• Acceder a sanidad y educación
• Ejercer derechos bajo las mismas obligaciones legales que otros residentes

La autorización tiene una vigencia inicial de un año. Una vez finalizado ese periodo, las personas deberán solicitar una autorización de residencia ordinaria bajo el Reglamento de Extranjería.

En el caso de hijos e hijas menores que ya estén en España, la regularización podrá otorgar una vigencia de hasta cinco años.

Plazos y procedimiento

• Apertura de solicitudes: prevista para abril de 2026
• Cierre del proceso: 30 de junio de 2026
• Tiempo máximo de tramitación: hasta tres meses

Una vez que la solicitud sea admitida a trámite, la persona podrá:

• Trabajar legalmente en un plazo máximo de 15 días hábiles, incluso antes de recibir la resolución final

Contexto: cuántas personas migrantes irregulares hay en España

Según estimaciones recientes de Funcas (enero de 2026):

• En España viven 837.978 personas en situación irregular
• La cifra representa un aumento significativo frente a 2017

Origen de la población migrante irregular:

• 90,5% proviene de América
• 6% de África
• 1,8% de Asia
• 1,7% de Europa

Las nacionalidades más frecuentes son:

• Colombiana (aprox. 290.000)
• Peruana (aprox. 110.000)
• Hondureña (aprox. 90.000)

Según datos de la think-tank española, FUNCAS, en 2025 vivieron en España 281 mil ecuatorianos tanto regulares como irregulares. Alrededor de 17 mil menos que en 2024.

Desinformación que circula y qué dicen los datos

“La regularización equivale a dar la nacionalidad”

No es correcto. La medida no concede nacionalidad española, sino un permiso temporal de residencia y trabajo. La nacionalidad requiere años de residencia legal y un trámite administrativo independiente.

“Las personas regularizadas podrán votar en elecciones generales”

En realidad, para votar en elecciones generales en España es obligatorio tener nacionalidad española.
La regularización no otorga derecho automático al voto.

Algunas personas extranjeras pueden votar solo en elecciones municipales, y únicamente si:

• Su país tiene acuerdos de reciprocidad con España
• Cumplen un mínimo de años de residencia legal

“Se incluirá a personas con antecedentes penales”

No es correcto. La normativa excluye explícitamente a solicitantes con antecedentes penales o que representen un riesgo para el orden público.

“La medida alterará el censo o las elecciones”

No hay evidencia de ello. La regularización no modifica el censo electoral ni tiene efectos inmediatos en procesos electorales, ya que el acceso a la nacionalidad —cuando aplica— requiere varios años.

“La mayoría de migrantes irregulares en España son africanos”

Los datos disponibles indican lo contrario. La mayoría proviene de América Latina, no de África.

“La regularización permite residir o trabajar en toda la Unión Europea”

No es correcto. El permiso solo es válido en España y no equivale a ciudadanía europea.

Por qué esta medida genera debate

La migración es un tema altamente politizado, donde suelen circular:

• Exageraciones sobre seguridad
• Discursos que asocian migración con delincuencia
• Narrativas que vinculan regularización con manipulación electoral

Este contexto convierte a la regularización en un foco recurrente de información engañosa, especialmente en redes sociales.

¿Entonces?

La regularización extraordinaria no concede nacionalidad, no habilita el voto en elecciones generales, no incluye a personas con antecedentes penales y no modifica el sistema electoral.

Se trata de una medida administrativa para regularizar la situación de personas que ya viven en España, en un contexto donde la conversación pública sobre migración suele estar atravesada por desinformación y uso político del tema.