Qué significa la anulación de las leyes de Solidaridad e Integridad Pública

¿Por qué la Corte anuló las leyes?

Más de 30 demandas presentadas por sindicatos, gremios y organizaciones sociales cuestionaron la validez de las dos leyes aprobadas en junio de 2025.

La Corte determinó que ambas violaron principios constitucionales, como la unidad de materia —que exige que una ley trate solo un tema central— y la correcta aplicación del carácter de urgencia económica, reservado para situaciones que afectan de forma inmediata a las finanzas públicas.

Ley de Solidaridad Nacional: nulidad total y retroactiva

La Corte anuló por completo esta ley porque:

• Mezcló disposiciones económicas, penales y de seguridad, lo que vulneró el principio de unidad de materia (art. 136 de la Constitución).
• Fue tramitada como urgente en materia económica sin que su contenido justificara esa vía (art. 140).

¿Qué implica que sea retroactiva?

Según el abogado constitucionalista Edison Guarango, los procesos iniciados bajo esta ley pueden ser anulados o revertidos. Esto incluye acciones tomadas mientras la norma estuvo vigente.

Principales disposiciones que quedan sin vigencia:

• Detenciones, allanamientos, incautaciones y procesos judiciales amparados en esta ley quedan sin validez.
• Se eliminan los beneficios tributarios, como la rebaja del 30 % en el Impuesto a la Renta por donaciones a Fuerzas Armadas y Policía.
• La declaratoria de “conflicto armado interno” ya no podrá usarse y el Ejecutivo deberá recurrir a los mecanismos ordinarios de estado de excepción.
• El Estado podría enfrentar demandas de reparación por bienes incautados o daños ocasionados bajo la vigencia de la norma.

Ley de Integridad Pública: inconstitucionalidad con retroactividad parcial

La Corte también declaró inconstitucional esta ley, junto con su reglamento y normas relacionadas.
Determinó que el texto final vulneró los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática, al incorporar en el segundo debate reformas dispersas sobre contratación pública, justicia, movilidad humana, tributación e incluso al Código de la Niñez.

Solo algunos artículos tendrán efecto retroactivo, principalmente en materia:

• Movilidad humana (reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana).
• Penal y ejecución de penas (reformas al Código Orgánico Integral Penal).
• Niñez y adolescencia (reformas al Código de la Niñez y Adolescencia).

¿Qué pasa con los trabajadores desvinculados?

Expertos laborales explican que los despidos realizados bajo esta ley no se revierten de forma automática.

• La abogada laborista, Vanessa Velásquez, señala que los afectados pueden presentar demandas en la vía contencioso-administrativa, cuando consideren que el despido fue injustificado.
• Según el abogado Guarango, los funcionarios tienen 90 días desde la terminación de sus funciones para iniciar el reclamo.
• Mujeres embarazadas, en periodo de lactancia y personas con discapacidad pueden recurrir a una acción de protección sin límite de tiempo, aunque se recomienda hacerlo cuanto antes.

A partir de ahora, el desempeño laboral en el sector público volverá a regirse por los procedimientos ordinarios de desvinculación, como suspensión o destitución.

Condonación de deudas y pagos tributarios

Con el fallo, se suspende el régimen de remisión de intereses y multas. El Servicio de Rentas Internas (SRI) aclaró que los pagos realizados entre el 26 de junio de 2025 y la publicación de la sentencia en el Registro Oficial mantendrán el beneficio de remisión, aplicándose directamente al capital.

Expertos en derecho constitucional y tributario señalan que será necesario esperar la publicación oficial de la sentencia para definir cómo se gestionará la devolución o compensación en los casos de pagos realizados bajo las leyes ahora anuladas.

Lo que viene ahora

• Los ciudadanos y empresas con procesos abiertos o pagos realizados bajo estas leyes deberán esperar la reglamentación oficial para iniciar posibles reclamos o compensaciones.
• La sentencia de la Corte Constitucional es definitiva y de obligatorio cumplimiento.
• Las instituciones deberán ajustar procesos y medidas a la normativa vigente antes de las leyes anuladas.