Paro, Constituyente y subsidios: ¿Qué está pasando en Ecuador?

Paro nacional: movilización inmediata e indefinida

La Conaie convocó un paro nacional indefinido en rechazo a las medidas económicas y políticas del Gobierno. La decisión se tomó en una Asamblea Extraordinaria realizada el 18 de septiembre en Riobamba, en la que participaron representantes de comunidades indígenas de varias provincias.

Entre las demandas están:

• la derogatoria del decreto que eliminó el subsidio al diésel,
• la reducción del IVA del 15 % al 12 %,
• la revocatoria de licencias mineras en territorios ancestrales,
• y mayor inversión en salud, educación y seguridad.

El 22 de septiembre arrancaron las protestas en diferentes puntos del país. Según el ECU911 (corte a las 14h00), se registraron al menos seis cierres de vías.

En el primer día del paro, la Conaie denunció represión en Pijal (Imbabura). En Cotopaxi, militares cercaron accesos a Latacunga. Hubo tres detenidos en El Cajas (vía E28, límite entre Pichincha e Imbabura). En Latacunga se registraron choques con la policía, sin detenidos. En Otavalo, enfrentamientos cerraron la vía E35. El Gobierno dijo que solo en Cayambe actuó la fuerza pública.

#URGENTE 🚨
Las bases del MICC inician medidas de hecho en El Chasqui contra las medidas económicas de Noboa.
Pese a la represión, seguimos firmes para frenar el autoritarismo y la prepotencia en Cotopaxi. pic.twitter.com/nnDmsqSxj7

— Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) September 22, 2025

El paro no ha tenido adhesión unánime: en provincias como Pastaza y Sucumbíos, comunidades decidieron no participar. Aun así, la medida generó bloqueos en carreteras y motivó al Gobierno a declarar estado de excepción en ocho provincias, con toques de queda nocturnos en varias de ellas.

De hecho, antes de la convocatoria al paro, el presidente Daniel Noboa ya había trasladado temporalmente la sede del Gobierno a Latacunga y declarado un estado de excepción por 60 días en ocho provincias (Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi, Santo Domingo y Chimborazo). En cinco de ellas se impuso un toque de queda de 22:00 a 05:00, con el argumento de prevenir actos de violencia y mantener el orden público.

El diésel: la chispa que encendió el conflicto

La decisión de eliminar el subsidio al diésel, tomada por el Gobierno el 13 de septiembre, encendió la actual ola de protestas. Aunque el Ejecutivo defiende que la medida permitirá un ahorro fiscal de más de USD 1.000 millones, distintos sectores la perciben como un golpe directo al costo de vida.

El Gobierno argumenta que el subsidio beneficiaba al contrabando y no a los hogares, y anunció 18 medidas compensatorias y bonificaciones para mitigar el impacto.

Los transportistas reaccionaron de inmediato: anunciaron un paro para el 15 de septiembre en rechazo a la medida y exigieron una mesa técnica para revisar tarifas. Sin embargo, horas después suspendieron temporalmente la protesta tras reunirse con el Gobierno y acordar un análisis del impacto.

El diésel es clave para el transporte público, de carga y para la cadena productiva, por lo que el ajuste generó rechazo social, especialmente entre organizaciones indígenas que temen un alza generalizada en los precios.

Además, unas 20 organizaciones —entre ellas la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación Nacional de Empleados de los Consejos Provinciales y el Frente de Pacientes Renales— convocaron nuevas movilizaciones para el 23 de septiembre, reclamando la derogatoria del decreto y mayores garantías en salud, educación y seguridad.

En paralelo, el alza ya se reflejó en los mercados y el transporte. No todos los incrementos se explican por el nuevo precio del combustible: la especulación y factores estacionales (como el fin de la cosecha de papa) también jugaron un papel. Aun así, para los consumidores el resultado es claro: la vida cotidiana se encarece, lo que convirtió al diésel en el eje del paro nacional.

La apuesta política: ¿una Constituyente en camino?

En medio del conflicto social, el presidente Daniel Noboa ha reiterado su intención de consultar a la ciudadanía sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.

El 19 de septiembre emitió el Decreto Ejecutivo 148 para convocar directamente a una consulta popular, amparándose en el artículo 444 de la Constitución y sin pedir dictamen previo a la Corte Constitucional. Sin embargo, como explicamos en Lupa Media, la Carta Magna establece que también deben cumplirse otros artículos que regulan este tipo de procesos y que fijan pasos adicionales.

Tras varias demandas de inconstitucionalidad, el Ejecutivo derogó ese decreto y, al día siguiente, presentó uno nuevo, esta vez siguiendo el trámite ante la Corte. La Corte Constitucional admitió el pedido y determinó que la propuesta debe tramitarse a través de consulta popular, pero aún debe pronunciarse sobre tres aspectos: el estatuto, los considerandos y la pregunta. Solo si los aprueba podrá avanzar el proceso.

El Gobierno argumenta que una nueva Constitución permitiría modernizar el Estado y viabilizar reformas estructurales. No obstante, diversos sectores han expresado su rechazo. La Conaie cuestiona el costo millonario en un contexto de crisis, mientras que la Unión Nacional de Educadores (UNE) advierte que una Constituyente podría implicar retrocesos en materia de derechos.

La CONAIE, por ejemplo, ha expresado su preocupación por el alto costo que implicaría este proceso en un contexto de crisis económica. “Consulta Popular y Constituyente que no solucionan nada y gastan millones”, han señalado sus representantes. Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) advierte que una nueva Constituyente podría significar un retroceso en materia de derechos.

Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral (CNE) l CNE declara período electoral y llamó a votar en el el Referéndum convocado para el 16 de noviembre de 2025, que costará USD 59,7 millones.

Ese día se consultará sobre dos reformas parciales a la Constitución:

1. Financiamiento a partidos políticos
   ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del Presupuesto General del Estado a las organizaciones políticas, de conformidad con el anexo de la pregunta?
2. Bases militares extranjeras
   ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, de conformidad con el anexo de la pregunta?

La posibilidad de incluir una pregunta sobre la Constituyente dependerá de lo que resuelva la Corte Constitucional.